Si algo ha dejado claro la plandemia ha sido la condición de los políticos españoles como obedientes y sumisos mamporreros de la oligarquía financiera internacional.
Desde las formaciones parlamentarias, chiringuitos autonómicos y gobierno central, los políticos de todas las ganaderías y encastes compiten para demostrar ante los poderes globalistas quién es más arbitrario, tiránico o abusón sobre el pusilánime rebaño en el que se ha convertido la sociedad española.
Parece que una palmadita en la espalda por parte de Soros, de Rockefeller o de Bill Gates se cotiza entre la piara del Régimen del 78 mucho más que un crédito blando de Ana Botín para la próxima campaña electoral.
La última ocurrencia en esta carrera por el título al felador más entusiasta del Gran Hermano, la ha tenido el caciquillo pepero de Galicia. Se castigará con 120.000 euros de multa a quien "contagie" el socorrido virus. Con un par.
No hace falta mucha imaginación para visualizar a ese vecino cabrón que te odia porque no aplaudes en el balcón, porque eres un fascista o porque te debe pasta, corriendo a denunciarte ante algún congénere sanitario para que certifique que le has contagiado el coronavirus.
De todas las finalidades perseguidas por la plandemia (Estado policial, miedo generalizado, ruina de las economías nacionales, fomento de la delación entre vecinos, etc...) la más útil para el Nuevo Orden Mundial es, sin duda, la de convertir a la población en una policía política de chivatos y confidentes al servicio del poder.
Estos cabrones le están cogiendo el gusto a lo de prohibir, reprimir y castigar. Cualquier mierda con poltrona se convierte en un pequeño sátrapa gracias al virus globalista.
Al final, para huir de la persecución al disidente vamos a tener que pedir asilo político en algún país donde el control y la represión no sean tan extremos. Corea del Norte, por ejemplo.
J.L. Antonaya